¿QUIÉN
ORDENÓ MATAR A BERTA CÁCERES?
Por
Alejandro Díaz-2 de setiembre de 2020
El
pasado 26 de agosto, luego de vencer los plazos de la prisión
preventiva, y de intentar todas las dilaciones posibles, el aparato
judicial de Honduras llevó a juicio oral y público a Roberto David
Castillo Mejía, acusado de ser el autor intelectual del crimen de
Berta Cáceres.
En
la noche del 2 de marzo del 2016, un grupo de sicarios ingreso en la
vivienda de Berta Cáceres, en la localidad de La Esperanza,
Honduras. Tres impactos de bala arrebataron la vida de la referente
del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH). Esta organización, que nuclea a las comunidades
de la cultura Lenca, se volvió un icono de la lucha y resistencia
contra el imperialismo capitalista. Aquella noche también fue herido
el activista Mexicano Gustavo Castro Soto.
Este
crimen político fue el resultado de un proyecto económico impuesto
por la violencia, a través de una red de corrupción estructural
donde operaron, y operan, funcionarios civiles y militares del
estado, representantes del sistema empresarial y financiero, y un
“ejercito” de mercenarios, hijos de la cultura del sicariato.
El
gobierno hondureño entregó, de manera ilegal, la concesión del Rio
Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de CV (DESA)
para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. A
partir de esto comenzó una serie de reclamos y protestas por parte
de las comunidades del país caribeño. La empresa DESA tiene como
principales inversores a la compañía PEMSA (Potencia y Energía de
Mesoamérica S.A.), propiedad de David Castillo, uno de los imputados
en la causa. Y a Inversores Las Jacarandas de la familia Atala
Zablah, una de los grupos más acaudalados de Honduras.
Este
crimen no es un hecho aislado, ni tampoco un crimen pasional como se
intentó establecer en un principio para desviar las investigaciones,
entre otras maniobras con iguales fines. Este crimen entra dentro de
una lógica de deconstrucción social y cultural, al que son
sometidos los países latinoamericanos de forma coordinada. Honduras
es desde hace años, una de las regiones con mayor cantidad de hechos
de violencia producto de la fuerte presencia de pandillas y
organizaciones criminales. Estas maras son los hijos huérfanos de
las invasiones de los EEUU, y la implementación de una cultura de
violencia desde mediados del siglo pasado.
En
el informe “Represa
de Violencia: El plan que asesino a Berta Cáceres”,
realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
(GAIPE), llevado a cabo en noviembre del 2017, se lee: “El
informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias
emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de
la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de
empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios
públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el
derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena
lenca. La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y
eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la
instrumentalización de las comunidades para generar una ruptura del
tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento,
amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del
COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad;
y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad
del Estado."
Cabe
recordar que, en el año 2011, el COPINH había realizado un acuerdo
con el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Soso, quien
había asumido el compromiso de no autorizar la construcción de
represas en las comunidades Lencas sin la realización de consultas
libres, previas e informadas. Las cuales nunca se llevaron a cabo. En
el 2010, el congreso de la República aprobó la concesión del Rio
Gualcarque en favor de la empresa DESA para la construcción del
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a pesar de que, en 1995, el
gobierno hondureño se había acoplado al convenio 169 de la OIT, el
cual establece la necesidad de realizar consultas con los pueblos
afectados.
El
informe también agrega: “El
nivel de influencia política llevó a que en las áreas afectadas
por la construcción del proyecto Agua Zarca se instalaran unidades
de la Policía Preventiva y del Batallón No. 10 de Ingenieros de
Siguatepeque en la Aldea El Barreal y, posteriormente, en San Ramón,
a expensas de la empresa y con la aprobación del Gobierno. En ese
marco, las fuerzas de seguridad del Estado fueron utilizadas para
velar por las instalaciones de la represa en construcción y la
maquinaria, incumpliendo el deber de protección de la población y
de derechos humanos fundamentales, como la integridad y vida de las
personas. La defensa de los intereses de la empresa por sobre los
derechos de las personas, llevó a que en el marco de una protesta
del COPINH, realizada el 15 de junio de 2013, un soldado del Batallón
No. 10 de ingenieros diera muerte al líder Tomás García, donde
también fueron heridos Allan García y Desiderio Méndez. La defensa
penal del soldado fue costeada por la empresa."
Los
autores del crimen
Por
el asesinato de Berta Cáceres, y la tentativa de asesinato de
Gustavo Castro Soto fueron procesados: Teniente Segundo [R] Roberto
David Castillo Mejía, acusado de ser el autor intelectual. Ocupó
cargos en la Inteligencia Militar antes de pasar al ámbito privado.
Entrenado en West Point, la academia militar norteamericana. Fue
Presidente del Consejo de la Administración y representante legal de
DESA. En el año 2007, formo parte de los cuadros que actuaron en la
intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de
Honduras (ENEE), la cual fue la última empresa de energía en ser
privatizada en América Central. Fue una de las tres personas de la
comisión de ENEE que estaba negociando contratos con la constructora
Odebrecht, la firma brasilera perseguida por los escándalos de
corrupción en varios países. Su situación aún está en juicio.
Distintas
suertes corrieron otros de los integrantes de esta patota criminal,
que fueron encontrados culpables de los cargos que fueron acusados.
Ellos son: Teniente [R] Douglas Geovanny Bustillo, quien se
desempeñaba como Jefe de Seguridad de DESA, y quien fue durante el
periodo 2003-2005, Jefe de Seguridad del Presidente del Congreso, y
luego fue nombrado Teniente del Quinto Batallón (Al servicio de
Castillo Mejía, fue el eslabón entre las Fuerzas de Seguridad
Estatales y las milicias privadas al servicio del capital. Fue quien
planeo y superviso, en tiempo real, el operativo que culmino con el
asesinato de Berta Cáceres y dejo herido a Gustavo Castro Soto);
Mayor Mariano Díaz Chávez, quien oficio de Jefe de Inteligencia del
Primer Batallón y también como instructor de la Policía Militar
(Chávez suma causas por secuestro, tráfico de estupefacientes y
lavado de activos desde el 2003. En el 2007 estuvo involucrado en un
tráfico de armas de origen estadounidense que llegaron a manos del
Cartel de los Zetas en México. Participo junto a Bustillo de la
logística e identificación de los sicarios que realizaron el
atentado contra los activistas); Sergio Ramón Rodríguez Orellana,
quien es ingeniero y trabajaba como Gerente del área social,
ambiental y de comunicaciones de DESA (Fue autor de evaluaciones de
impacto social y ambiental para el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial. Se encargaba de coordinar las actividades de
desprestigio y de persecución a través del aparato legal contra los
opositores del proyecto de Agua Zarca. Además, monitoreaba las
actividades de Cáceres y otros referentes del COPINH, a través de
red de informantes); Henrry Javier Hernández, fue recluta del 15º
Batallón, bajo Mando del Mayor Mariano Díaz (Luego de retirarse de
las fuerzas armadas, se ocupó como seguridad en empresas privadas
como Dinant (Corporación de aceite de palma) y Wal-Mart. Respecto al
atentado fue la persona a cargo de realizar la inteligencia para
identificar el domicilio, y seleccionó y dirigió al grupo de
sicarios que ingresaron a la vivienda aquella noche. Fue quien
disparo contra el mexicano Gustavo Castro.
Edilson
Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana y Oscar Aroldo
Torres Velázquez fueron acusados de ser los sicarios que
intervinieron en el ataque).
Otra
excepción es la de Emerson Duarte Meza, quien es gemelo de Edilson:
fue acusado luego de que se encontrara en su domicilio el arma
utilizada para el atentado, pero no se encontraron evidencias de que
haya participado en el atentado, y por tal motivo fue sobreseído de
esos cargos.
Estas
personas trabajaban de forma coordinada, bajo dirección de un
aparato corporativo criminal, utilizando y disponiendo de los
recursos del Estado, así como también de los funcionarios de las
fuerzas de seguridad, las cuales trabajaban bajo órdenes de los
privados.
“Para
el desarrollo de la estrategia de desprestigio, DESA conformó y
financió un equipo de expertos y asesores, incluido el pago a
periodistas para difundir la desinformación y ocultar los
procedimientos arbitrarios en contra del COPINH y de Berta Isabel
Cáceres Flores".
Las
presiones y las amenazas sobre los referentes del COPINH llevaban
años, ya desde el 29 de junio del 2009, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), presento medidas cautelares para que el
Estado de Honduras adoptara “las medidas necesarias para asegurar
la vida y la integridad personal” de Berta Cáceres.
“Las
comunicaciones efectuadas entre las personas relacionadas son
consistentes para establecer que el operativo del 2 de marzo de 2016,
en el cual dieron muerte a Berta Isabel Cáceres Flores y atentaron
contra la vida de Gustavo Castro Soto fue ejecutado no solamente por
encargo de altos directivos de DESA sino por información
privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa, siendo
dicha información, determinante para la ejecutar dicho operativo”.
Sistema
Financiero Inmoral
“DESA
recibió financiamiento de bancos internacionales para el desarrollo,
la construcción, instalación y operación de Agua Zarca. En el
2012, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
aprobó un préstamo directo cofinanciado por hasta USD
$24.400.000.00 a favor de Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.
(DESA). El 27 de febrero de 2014, el Banco holandés para el
desarrollo (FMO) aprobó un crédito para el proyecto Agua Zarca por
USD $15.000.000.00, el cual es ampliado el 10 de marzo de 2015; y,
Finnfund aceptó actuar como un prestador B”.
¿Cómo
podrían funcionar estas bandas criminales sin el debido
financiamiento? ¿Quiénes deben asumir las responsabilidades
empresariales en los crímenes contra los derechos humanos y el medio
ambiente?
“La
preocupación sobre el nivel de violencia, la falta de consulta
previa y otros aspectos del proyecto fueron comunicados al público y
directamente a los bancos internacionales que apoyaron el proyecto a
través de cartas, denuncias e informes”.
“Estas
comunicaciones advertían de los ataques de que eran objeto los
opositores al proyecto Agua Zarca y los temores ante el incremento de
actos de “violencia en la región”,
destacando los actos de “criminalizarnos,
amenazando permanentemente con desalojos y violencia, inventando
acusaciones falsas contra nuestros compañeros y líderes Lencas,
reprimiéndonos con violencia, hasta llegar al extremo del
asesinato”.
“El
apalancamiento de Agua Zarca por parte del sistema financiero
internacional, a pesar de las circunstancias anteriormente señaladas,
constituye una negligencia deliberada. Teniendo conocimiento efectivo
de la ejecución de actos por parte de DESA, a la que se señalaba la
responsabilidad en ataques contra de los derechos humanos, por la
acción de sus agentes, el sistema financiero internacional prefirió
mirar para otro lado y mantuvo el financiamiento y funcionamiento de
quienes desarrollaban esos actos criminales".
Los
crímenes contra los derechos humanos en Honduras se cuentan por
miles. La tarea de visibilizar de manera global, aunque sea tan solo
uno de ellos, abre las posibilidades de romper los cercos omertosos
del poder, y adentrarnos en la lógica de una mente criminal que
tiene un diseño, una preparación y una ejecución premeditada. La
vida de nuestros ríos, la vida de nuestros jóvenes, la memoria de
nuestros ancestros está en nuestras manos.
“Despierta
Humanidad, ya no hay más tiempo”,
Berta Cáceres.
