INFO COMISION NACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA -CNDAV
Declaración de Cátedra UNESCO DDHH de la Udelar sobre el derecho a participación en la Audiencia Proyecto Arazatí-Neptuno – Portal Udelar
El martes 24 de setiembre el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar, difundió una declaración expresando su preocupación ante irregularidades en los aspectos relativos a la participación social y el acceso a la información pública en el procedimiento de Autorización Ambiental del Proyecto Arazatí-Neptuno.
Declaración sobre proceso del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Arazatí-Neptuno
El Grupo de Trabajo de
Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la
Udelar expresa su preocupación ante irregularidades en los aspectos
relativos a la participación social y el acceso a la información
pública en el procedimiento de Autorización Ambiental del Proyecto
Arazatí-Neptuno.
El
Ministerio de Ambiente ha anunciado la realización de una audiencia
pública ambiental
para el Proyecto Neptuno el 3 de octubre de este año, cuando todavía
está en curso la puesta
de manifiesto del Informe
Ambiental Resumen presentado
por la empresa. El público tiene el derecho de conocer las
observaciones al documento que se ha hecho público así como las
respuestas de los proponentes y del Estado ante ellas. En los tiempos
planteados es inviable que se cumpla efectivamente con los derechos a
la información y participación en temas ambientales protegidos por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú
en efecto en Uruguay desde el año 2021. Por tanto, el Estado tiene
obligaciones definidas contempladas en diversos instrumentos
internacionales ONU (resolución sobre derecho humano a un medio
ambiente limpio, saludable y sostenible; Acuerdo de Escazú),
regionales de la OEA (Protocolo de San Salvador), y locales (art. 47
de la Constitución de la República).
La protección de estos
derechos a la información y la participación, que conlleva otros
como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano, requieren que
el Estado respete evitando obstaculizar, proteja a la ciudadanía
adoptando las interpretaciones que más beneficien a las personas y
cumpla con los mismos adoptando medidas positivas para ejecutar estos
derechos. El derecho internacional y la normativa nacional reconocen
que las personas y organizaciones sociales tienen derecho a
participar efectivamente en los procesos de elaboración de planes y
políticas que afecten el ordenamiento territorial y el ambiente. La
participación no puede ser sobre hechos consumados, proyectos
elaborados o de facto aprobados.
En el caso del Proyecto
Arazatí-Neptuno existen varias declaraciones públicas e instancias
judiciales que muestran que existen voces diversas e interés en
participar efectivamente de estos procesos de planificación y
gestión del agua. El Estado uruguayo tiene que garantizar el
cumplimiento de los acuerdos y derechos a los que suscribe, así como
de la normativa nacional de ordenamiento territorial que obligan al
Estado a no causar daño ambiental, y la prevención por medios
efectivos y adecuados previo a la realización de cualquier proyecto.
Exhortamos a las autoridades
del Ministerio de Ambiente a garantizar y respetar los derechos de la
ciudadanía ofreciendo las mejores condiciones para acceder a la
información y participar en las decisiones que afectan derechos tan
importantes para sostener la vida de seres humanos y no humanos en el
Uruguay.
¿Qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y qué se sabe de ellos?
Por CNN Español
3 min de lectura
10:37 ET (14:37 GMT) 26 de septiembre de 2024
(CNN Español) – Hace 10 años ocurrió la desaparición de 43 estudiantes en México y los familiares aún esperan una respuesta sobre qué ocurrió con los jóvenes. Una década después aún hay impunidad, preguntas sin resolver y la marca de una tragedia histórica. Esto es lo que sabemos de los 43 de Ayotzinapa.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa acudió a Iguala, en el estado de Guerrero. El objetivo era retener temporalmente autobuses de empresas de transporte con el fin de utilizarlos para asistir a la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Los estudiantes partieron a las 9 p. m. en dos grupos (uno con dos autobuses y otro con tres) y poco tiempo después fueron perseguidos y atacados por policías municipales de Iguala, auxiliados por otros cuerpos de seguridad y por otros ciudadanos no afiliados.
El ataque dejó un saldo trágico de 43 normalistas —estudiantes de licenciaturas en Educación— que a la fecha siguen desaparecidos. En varias camionetas, algunas de policías municipales, se los llevaron. Esa fue la última vez que los vieron. Además de la desaparición, seis personas fueron asesinadas en el lugar, entre ellas tres normalistas; al menos 40 personas resultaron con lesiones; y se registraron cientos de víctimas más, tanto directas como indirectas, según el reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Mientras que la primera versión oficial de las autoridades —la llamada “verdad histórica” presentada en noviembre de 2014— señaló que los estudiantes fueron asesinados, los seis informes que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015 mostraron que esa versión fue construida con base en ilegalidades y mentiras. La investigación del caso, por tanto, se mantiene hasta la fecha y no ha entregado resultados concluyentes.
El Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la desaparición de los 43 jóvenes fue “un crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
En 2023 el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que autoridades municipales, estatales y federales “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala hasta su desaparición.
Aunque ha habido algunos arrestos como los del presunto jefe del grupo criminal Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo y de José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala, ambos fueron absueltos. Ocho militares —de los 16 detenidos en 2023— fueron liberados en enero de 2024 mientras siguen los procesos en su contra por la desaparición forzada. Lo cierto es que una década después no hay nadie condenado por este caso.
Con información de Uriel Blanco, Rey Rodríguez y Natalia Cano
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