Mis
fundadas razones para votar Sí en el plebiscito de la seguridad
social
Publicado el 9 de octubre
Escribe Miguel Aguirre Bayley
en Posturas
Cuanto
más arrecia el terrorismo mediático con agravios y descalificación
hacia quienes promueven y apoyan el voto por el Sí en este histórico
cruce de caminos, emerge con meridiana claridad la fortaleza de la
propuesta de las tres medidas cautelares que valoren la seguridad
social como un derecho humano fundamental y no como un negocio de
facturación neoliberal cuyo modelo es carísimo, inseguro y
profundamente injusto. A pesar de los eufemismos técnicos que
parecen constituirse en las claves de una cofradía de oposición al
Sí, muchos con exposiciones prescindentes de rigor científico,
queda en evidencia que también se trata de una confrontación entre
el trabajo y el capital.
En lo sustancial, se trata de un
plebiscito para enmendar el artículo 67 de la Constitución,
facultad consagrada en el artículo 331 de la carta magna, para que
la ciudadanía finalmente decida. Tiene rango constitucional. Lo
impulsan el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua (Fucvam), dignísimos e insobornables colectivos con
credenciales más que suficientes por su lucha contra la dictadura y
defensa de la democracia cuando varios miles de civiles eran
funcionales a los golpistas y participaban en los máximos niveles
del gobierno usurpador.
Volver la mirada para evitar el
olvido
Como es de conocimiento de la ciudadanía en general, a
partir de 1995, con la creación en Uruguay de las administradoras de
ahorro previsional (AFAP), el 1° de abril de 1996 se comenzó a
aplicar un régimen mixto con el Banco de Previsión Social (BPS).
Desde entonces, en dicho sistema conviven el régimen de ahorro
individual (AFAP) y el régimen de solidaridad intergeneracional
entre contribuyentes y beneficiarios (BPS). Por principios,
conciencia soberana y por nuestros años en la dirigencia sindical,
con referentes de la jerarquía de José Pepe D’Elía, Gerardo
Cuesta y Héctor Rodríguez, entre otros compañeros valiosísimos,
nos resulta inaceptable la coexistencia entre el mantenimiento del
sistema administrado por el BPS y la incorporación de un negocio de
lucro privado oneroso e insolidario. Somos sindicalistas. Entendemos
por sindicalismo el fortalecimiento de las organizaciones de los
trabajadores porque no puede prescindirse de la gente que trabaja,
por cuanto es ella la que crea la riqueza del país.
La
reforma del sistema previsional implementada por el gobierno de la
coalición multicolor configura un grave retroceso para los
trabajadores, jubilados, pensionistas y para otras prestaciones
indispensables de carácter social de enorme relevancia. Es una ley
regresiva. Un hecho real e incontrastable es que el BPS brinda
mejores prestaciones porque su fin no es el lucro. A mismos aportes,
a vía de ejemplo, una jubilación de 31.000 pesos en el BPS, por
AFAP es de 7.600. Ocho de cada diez personas jubiladas por AFAP
cobran menos de 11.500; seis de cada diez no llegan a 6.000 y cuatro
de cada diez cobran menos de 2.900. La matemática es una ciencia
exacta. No hay lugar para la tergiversación.
Con estos
simples ejemplos, queda demostrada la bajísima rentabilidad de las
pasividades de las AFAP. Esto se debe a dos sencillas razones.
Para
las prestaciones en el BPS convergen los aportes de los trabajadores,
de los empleadores y el estatal. En cambio, para las AFAP sólo
aportan los trabajadores, con el descuento de la tasa producto de la
comisión y el seguro, limitantes para una decorosa capitalización.
Como por arte de birlibirloque.
Las tres medidas cautelares y la
necesaria enmienda constitucional
La propuesta del plebiscito
propone lo siguiente:
» Edad mínima de 60 años para la
jubilación no obligatoria, sin perjuicio de que quienes quieran
seguir trabajando más años podrán hacerlo libremente;
»
Pensiones y jubilaciones más bajas equiparadas al salario mínimo
nacional;
» Eliminación de las AFAP para que lo aportado por
el trabajador pase a través de un fideicomiso al BPS e incluir a
Uruguay en la realidad del mundo actual. De 193 países reconocidos
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, solamente una
ínfima minoría de 12 naciones tienen el sistema AFAP.
Según
los parámetros de expertos en economía política y asesores del
movimiento sindical, la enmienda que promueve el plebiscito generaría
una estabilidad y autosuficiencia económica del BPS por unos 15
años. En la actualidad el BPS traspasa a las AFAP alrededor de 1.500
millones de dólares por año que son ahorros de los trabajadores.
Cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere
aproximadamente 500 millones de dólares al BPS para cubrir el
déficit que se origina con este traspaso. Si se eliminan las AFAP,
esos 1.500 millones de dólares quedarán en el BPS y no será
necesaria la transferencia adicional.
La enmienda propuesta
sugiere que esos 500 millones se empleen para erradicar la pobreza
infantil. Es un compromiso moral insoslayable. Es indecoroso que haya
más de 300.000 personas cuyos ingresos estén por debajo del salario
mínimo nacional. El costo se financia con la eliminación de las
AFAP y se estima en 460 millones de dólares la cantidad necesaria
para cubrir jubilaciones y pensiones por debajo del salario mínimo
nacional.
Verdades a medias del oficialismo: no todo vale
En
contrapartida, uno de los principales impulsores de la reforma
jubilatoria del gobierno, el doctor Rodolfo Saldain, especializado en
derecho laboral y seguridad social, coautor también de la reforma
previsional de 1995, sostuvo que, de aprobarse el proyecto a
plebiscitar, la reforma sería impagable, generaría inseguridad
jurídica y sería injusta con los jóvenes y multiplicará el
déficit del BPS. Agregó que desde su implementación “el modelo
de las AFAP ha mostrado una notable rentabilidad en beneficio de los
trabajadores”. No es necesario ser un zahorí para concluir que su
aseveración no es cierta y está muy lejos de la realidad. También
señaló que, si eso ocurriera, Uruguay perdería credibilidad y que
afectaría su prestigio a nivel internacional. Pero ¿ante quiénes
perdería credibilidad? La respuesta es muy clara: ante las agencias
calificadoras de riesgos, la banca, organismos de crédito y ante el
gran capital transnacional.
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Los ciudadanos tienen derecho a estar bien
informados. Un ejemplo a modo de ilustración. El gobierno en su
campaña afirma que los trabajadores de la construcción y los
rurales podrán seguir jubilándose a los 60 años, pero en los
hechos esto abarca solamente a quienes tengan al menos 20 años
registrados en tareas que requieran un alto grado de esfuerzo físico
y que en los últimos diez años cuenten con un mínimo de cinco años
de trabajo en ese sector de actividad que implica riesgos.
Frente
Amplio: gobiernos con avances de pasos cortos
En los gobiernos
del Frente Amplio hubo leves avances con relación a la nefasta Ley
16.713, aprobada en 1995 en el gobierno del colorado Julio María
Sanguinetti y que contó con el apoyo del Partido Nacional tras el
acuerdo de gobernabilidad entre ambos partidos.
Por la Ley
18.395, de 2008, se dispuso la flexibilización del régimen de
acceso a beneficios jubilatorios del BPS. Se estableció para las
mujeres el cómputo de un año adicional de servicios por cada hijo
nacido vivo, o adoptado con un máximo de cinco años. Se fijó como
la causal jubilatoria común 60 años de edad y 30 años registrados
de trabajo. Se crearon subsidios como el especial por inactividad
compensada y el transitorio por incapacidad parcial.
La
llamada “ley de cincuentones”, la 19.590 de diciembre de 2017, es
parte de la reparación a quienes fueron obligados a integrarse a una
AFAP modificando el régimen jubilatorio previsto por la Ley 16.713,
de 1995, así como la de desafectación del artículo 8 de la Ley
19.162. Ambas resoluciones dieron acceso a decenas de miles de
personas a un beneficio jubilatorio que profundizó derechos en
términos de políticas de género.
Entre el lucro y la justicia
social
Desde el comienzo de la recolección de firmas y las
movilizaciones por el Sí, se inició una virulenta y descalificadora
campaña contra los impulsores del plebiscito, anunciando un
desenlace apocalíptico con juicios millonarios y aumento de
impuestos. Ministros y parlamentarios del gobierno y medios de
comunicación masiva hegemónicos hicieron su indecorosa tarea. “Si
se aprueba el plebiscito, es el fin del mundo”, afirmó el
candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República. Un
enunciado vacío de contenido que no resiste el menor análisis.
En
paralelo, de conocidos informes de algunas encuestadoras surge que
aproximadamente el 80% de la población está de acuerdo con el
aumento de las pasividades mínimas y el 60% comparte que se
establezcan los 60 años como edad jubilatoria. Al mismo tiempo, una
de cada cuatro personas estaría en contra del régimen de las AFAP.
Sin embargo, la alternativa impulsada por los defensores de la ley se
apoya en el argumento de que si las personas viven más tiempo,
tienen que trabajar más años para financiar su jubilación. No
dicen, claro está, que con esa medida el trabajador pierde salario
y, en muchos casos, calidad de vida, dejando el campo libre para
aumentar las ganancias de los capitales de las AFAP.
No habrá
pérdida ni menoscabo
¿No es acaso justo que se defienda a
las empresas públicas y que el BPS vuelva a recibir los ingresos que
le fueron asignados por vía constitucional y que jamás debieron
derivarse a ninguna empresa privada? Y hablan de confiscación. Es
simple expresarlo sin circunloquios. No hay confiscación alguna. La
papeleta dice que no habrá pérdida ni menoscabo. El ahorro
individual en la AFAP no es de libre uso y goce, porque no puede
disponerse como un ahorro en una cuenta. Solamente al jubilarse.
¿No
es acaso justo que se defiendan las empresas públicas y que el Banco
de Previsión Social vuelva a recibir los ingresos que le fueron
asignados por vía constitucional y que jamás debieron derivarse a
ninguna empresa privada?
Como atenuante y ante las críticas
recibidas por miles de ahorristas, debe señalarse que, después de
30 años de creadas las AFAP, por la Ley 20.130 se abrieron cinco
causales para que las personas puedan retirar hasta el 9% de sus
ahorros en las AFAP. El plebiscito propone que se mantenga esa
disposición durante los dos años que dure el fideicomiso que se
constituiría con la totalidad de los fondos acumulados de las
personas comprendidas en la Ley 19.162 que opten por revocar el
artículo 8 de la Ley 16.713 y estén incluidas en el régimen
jubilatorio anterior.
Seguridad social: “idea-fuerza”
El
diccionario de ciencias políticas y sociales define la seguridad
social como “una idea-fuerza que aglutina esfuerzos económicos y
sociales destinados a brindar protección integral al ser humano”.
La Declaración de Querétaro de 1974 sostiene, asimismo, que “la
seguridad social consiste en el deber de la sociedad y de la
economía, fundado en el principio de solidaridad”, y agrega que
“ningún Estado tiene derecho a explotar a los demás. Tampoco
tienen derecho las empresas nacionales o internacionales”.
Una
declaración tan sorpresiva como desconcertante
Semanas atrás,
111 economistas y académicos frenteamplistas se pronunciaron
abiertamente en rechazo al plebiscito y anunciaron que harían
campaña por el No. Entre los firmantes figuran dirigentes de
reconocida y respetada trayectoria de la coalición movimiento. Nos
resulta absolutamente ininteligible su posición. Es nuestro deber
señalarlo. Discrepamos con la gran mayoría de lo expresado en la
declaración, comunicado que, obviamente, tuvo amplísimo eco y
difusión en los grandes medios de comunicación que apoyan el
sistema vigente, en claro contraste con quienes impulsan el Sí.
Varios dirigentes políticos de la coalición de gobierno expresaron
su beneplácito, incluido el candidato a la presidencia por el
Partido Colorado, ignaro profundo quien no supo qué decir en una
entrevista en la que se le preguntó sobre la fecha de fundación de
dicha colectividad política y los períodos de gobierno de José
Batlle y Ordóñez.
En ese contexto, Constanza Moreira,
dirigente y exsenadora del FA por Casa Grande, fue contundente: “La
unidad política de la izquierda y los movimientos sociales requiere
combinar la ética de las convicciones con la ética de la
responsabilidad”. Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado
Ejecutivo del PIT-CNT, fue muy claro al respecto: “La papeleta por
el Sí no tiene banderas políticas. Sólo tiene banderas populares”,
en tanto Gustavo González, exsecretario de Fucvam, rubricó: “Los
tiempos de los movimientos sociales son siempre distintos a los
tiempos de los movimientos políticos. Lo fundamental es hablar con
la gente, hacer mesas redondas”.
“La ciudadanía le pasó por
encima a la clase política”
El 28 de agosto de 1994 se
plebiscitó el proyecto de “minirreforma” constitucional
sancionado por amplia mayoría el 15 de junio de ese año en la
Asamblea General con los votos blancos y colorados. A sólo tres
semanas del plebiscito, las encuestas vaticinaban un amplísimo
triunfo de la “minirreforma”,
cuyo
texto, a grandes rasgos, proponía entre otras medidas autoritarias y
retrógradas:
1) Mayor fortalecimiento del Poder
Ejecutivo.
2) Asamblea General limitada a otorgar votos de
confianza y aprobación a los programas de gobierno y proyectos de
ley, propuestos por el presidente de la República.
3)
Incorporación de “crisis de gabinete”, instituto que conducía a
la aplicación del mecanismo de disolución del Parlamento.
4)
Eliminación del inciso M de las Disposiciones Transitorias y
Especiales de la Constitución, al tiempo que mantenía el artículo
195 que quitaba la potestad de regir, mandatar y dirigir al
directorio del BPS, abriendo las puertas para su privatización.
“La
ciudadanía le pasó por encima a la clase política”, expresó
públicamente Tabaré Vázquez sobre el contundente rechazo a la
minirreforma, en un gesto que lo eleva y enaltece. En un hecho sin
precedentes en la vida política del país, 1.229.917 ciudadanos –el
67,54% de los sufragios– rechazaron la iniciativa y desautorizaron
a las cúpulas partidarias y sus presidenciables. Ese voto de
rebeldía ciudadana marcó nítidamente la independencia del
movimiento sindical y fuerzas sociales de toda forma de poder
político. Fueron la gran mayoría de los sindicatos del PIT-CNT, la
Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas
del Uruguay y las fuerzas sociales que, desde el pie, impulsaron el
rechazo a una minirreforma con peligrosos matices de cesarismo y
fuerte contenido impopular.
Al comienzo, la reforma de la
seguridad social tuvo un respaldo mayoritario en la opinión pública.
Pero, a medida que se acerca la fecha del plebiscito, es fácil
constatar una ascendente y notoria desaprobación en la población, a
pesar de la enorme superioridad de los recursos con que contaba la
campaña oficialista. El aporte de los estudiantes de la Universidad
de la República, de la investigación académica, de la Asociación
de Trabajadores de la Seguridad Social, del Movimiento Nacional en
Defensa de la Seguridad Social, de dirigentes sindicales, de las
movilizaciones barriales y de la gente en el mano a mano ha permitido
avanzar con zancos de gigante en la difusión de las propuestas por
el Sí.
Del célebre Montesquieu aprendimos que “una norma
no es justa por estar en la ley. Debe estar en la ley por ser
justa”.
Miguel Aguirre Bayley es periodista y escritor.
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